Las organizaciones abajo firmantes alzamos nuestra voz y nos pronunciamos ante los hechos acaecidos el pasado 1 de mayo de 2021, que conllevaron a la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República por parte de la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa. A ello se suma la crítica situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, los severos efectos económicos y sociales de la misma y el acuerdo en ciernes entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que demandamos cambios en el rumbo de la política pública para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.

1. La destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General afecta el estado de derecho, la institucionalidad democrática y el orden constitucional establecido. Los efectos económicos inmediatos no se han dejado esperar: el precio  de los bonos salvadoreños se desplomaron y el aumento en el riesgo-país ha llevado a los bancos de inversión a alertar sobre los efectos adversos que esto supondría frente a un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador.
2. En un entorno de recesión mundial, la austeridad es una pésima idea. Por ende, el aumento del apoyo gubernamental es necesario, pues el sector privado redujo su capacidad (hogares, sector financiero, empresas no financieras) para pagar sus facturas por las pérdidas de empleos y reducción de salarios, lo cual hace prever que las secuelas permanecerán más allá de 2024. Por ello es necesario rescatar el papel activo de Estado para que los déficits fiscales generen ingresos  para los beneficiarios y se sumen al  ahorro privado.
3. El impacto económico por los efectos de la pandemia del COVID-19 provocó que la economía salvadoreña se contrajera en -7.9% en 2020. Por su parte, la deuda de todo el Sector Público creció aceleradamente cerca de $3,000 millones en el último año, hasta representar el 91% del PIB y el 85% del Ingreso Nacional Disponible, un porcentaje muy elevado para las capacidades financieras del Estado.
4. El Gobierno de El Salvador aumentó su déficit fiscal desde un -1.8% en 2019 hasta un -8.9% en 2020 (sin pensiones), sin rendir cuentas de las fuentes y usos de los recursos destinados a mitigar los efectos de la pandemia, irrespetando los marcos legales y normativos, lo que ha dado lugar a fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de los entes de contraloría del Estado.
5. Los Acuerdos de Servicio Ampliado (SAF) entre los gobiernos y el FMI se utilizan por países que enfrentan desquilibrios en balanza de pagos y lento crecimiento . Además, este tipo de acuerdos requiere del compromiso del país para atender sus desbalances, a través de medidas de carácter estructural, que busquen cumplir objetivos medibles a los que el FMI daría un seguimiento continuo.
6. El Gobierno de El Salvador, presionado por el estrecho espacio fiscal existente, negocia con el FMI un Acuerdo SAF que podría abarcar el periodo 2021-2024, a cambio de la posible aplicación de un programa de ajuste fiscal de corte regresivo y contractivo, que podría implicar el aumento de tributos al consumo, entre ellos el IVA, y el recorte de áreas importantes del Presupuesto General del Estado, como los subsidios, las asignaciones y transferencias a las municipalidades a través del FODES, entre otras. Esas medidas tendrían un impacto negativo en la mayoría de la población, aumentarían las desigualdades sociales y elevarían los niveles de pobreza.
7. La atención de los problemas de pobreza, exclusión social y otros, requiere una reforma integral en las finanzas públicas que considere de manera paralela: un aumento de los ingresos tributarios con sentido de progresividad, racionalización y reducción de gastos superfluos e innecesarios, una gestión pública basada en resultados, destino de la deuda pública hacia inversiones productivas, mecanismos de participación ciudadana, fortalecimiento de la trasparencia fiscal, mejoras al proceso presupuestario y programación fiscal de mediano y largo plazo.
8. A nivel internacional, prevalece un consenso sobre la importancia de adoptar medidas que permitan reducir las desigualdades y asegurar que los costos de la crisis no lo sigan pagando las personas más pobres.
9. El gobierno salvadoreño debe hacer pública las medidas que está negociando con el FMI.
10. Por el lado de los ingresos públicos proponemos las siguientes medidas:

• No aumentar impuestos al consumo, como el IVA, que afectan la producción, aumentan la pobreza y la desigualdad y genera inestabilidad política, como hemos visto recientemente en Colombia.
• Aumentar los ingresos públicos cumpliendo el principio de capacidad de pago establecido en la Constitución de la República.
• Aplicar impuestos al patrimonio, las herencias y sucesiones de 160 individuos que poseen activos por US$21,000 millones.
• Incrementar hasta en un 20% la tasa efectiva que paga el 10% de la población que posee los mayores ingresos y eliminar los gastos tributarios injustificados.
• Continuar el combate de la retención indebida del impuesto al valor agregado y la evasión del impuesto sobre la renta.
• Aprobar el impuesto al patrimonio, impuesto predial y/o un impuesto a los bienes de lujo.
• Consolidar medidas administrativas, tales como factura electrónica y la autonomía legal y presupuestaria de la Dirección General de Impuestos Internos para reducir la evasión y elusión fiscal.

11. Por el lado del gasto público proponemos las siguientes medidas:

• Incrementar significativamente el gasto orientado al cumplimiento de derechos, tales como salud (especialmente la compra de vacunas), educación, agua y alcantarillado, entre otros.
• Mejorar la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto, especialmente en las compras gubernamentales de bienes y servicios.
• Adoptar un presupuesto por resultados y multianual. Crear una instancia de planificación y evaluación de la gestión pública. Reducir gastos superfluos, como seguros privados para funcionarios públicos, publicidad, viáticos, entre otros.
• Fortalecer la contraloría del uso del gasto público y eliminar cualquier iniciativa que contenga amnistías para casos de corrupción.
• Crear mecanismos de participación ciudadana en todo el ciclo presupuestario.
• Asegurar la independencia de los órganos de control, contraloría y transparencia.
• Garantizar el derecho a la información pública, particularmente la relacionada a las finanzas públicas.
• Transitar hacia un sistema de pensiones que resuelva la baja cobertura y la inequidad, mejore la suficiencia de las pensiones y donde las cotizaciones puedan financiar obras de desarrollo.
• Incrementar la inversión en infraestructura social y en infraestructura productiva.

12. Finalmente, sugerimos renegociar la deuda para reducir la quita de la deuda (rebaja del monto de amortización) y destinarlo a gasto social e inversión en infraestructura en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Frente a este contexto, se requiere un diálogo democrático entre los diversos actores de la sociedad salvadoreña para acordar el tipo de sociedad en el que se quiere vivir, pero también es indispensable el restablecimiento inmediato del estado de derecho y la plena separación de poderes. Enfatizamos que el diálogo democrático continuo es el medio idóneo para arribar a acuerdos en materia económica y fiscal.

                                                                                                                                                           7 de mayo de 2021