“Cualquier política pública tiene que tomar en cuenta este tema -migraciones-, de lo contrario no estamos ante una verdadera política pública”, sostuvo Jaime Miranda, Vicepresidente de FUDECEN, al referirse a la necesidad de precisar medidas específicas para la población migrante afectada por COVID-19.

Jaime Miranda destacó que los centros de detención de migrantes están superpoblados con niveles de hacinamiento elevados, no cuentan con atención médica, ni otros servicios sociales.

“La pandemia afecta a todo el mundo, pero afecta más a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, en ese marco, el momento amerita ver con especial énfasis a las personas refugiadas, los desplazadas, las solicitantes de asilo, que son población vulnerable”, manifestó Miranda en un programa de televisión matutino.

De acuerdo con Jaime Miranda, América Latina cuenta con amplias experiencias sobre la implementación de protocoles que regulen adecuadamente el proceso de retorno de las personas migrantes que deben volver a sus países de origen, en este mismo sentido, existe ya en El Salvador una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Miranda observó con buenos ojos el acercamiento entre la Cancillería salvadoreña y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), para abordar el tema.

“Hay una amenaza, pero también existe la posibilidad de trabajar en conjunto y cambiar las reglas en función del momento actual”, sostuvo Miranda, recordando además que una coordinación multilateral entre los países de la región aportaría consistencia a las medidas adoptadas.